¿Sostenibilidad en pensiones? El crecimiento es la llave

Cecilia Cifuentes

Finalmente, la comisión de Trabajo del Senado logró un acuerdo para la reforma de pensiones. Es una meta importante, luego de que hace casi un año la Cámara de Diputados aprobó la reforma convertida en “un queso suizo”, en palabras del Ministro Marcel, ya que se habían rechazado sus aspectos centrales, entre estos, el aumento de seis puntos en la cotización. En lo único en que había consenso era en el aumento de la PGU, a pesar de que su creación había costado un 1% del PIB, y además había mejorado en forma radical la situación de la gran mayoría de los jubilados, especialmente de los más vulnerables. El Gobierno se negaba hasta ese momento a ver la nueva realidad, que alteraba en forma importante el diagnóstico inicial de la reforma.

No obstante, este acuerdo ha despertado críticas de ambos lados del espectro político. Por parte de la izquierda el rechazo proviene de que la reforma no se hace cargo de sus consignas, como el fin de las AFP o de que todo el aumento de cotización debía ir a reparto. Dado que esas propuestas solo agravaban el problema, enhorabuena quedaron fuera. Lamentablemente, el Gobierno insiste en dañar las confianzas que se lograron construir, con frases hechas para contentar a su barra, pero sin sustento en el articulado acordado.

“El corolario sale casi de cajón, y es una lección que, sobre todo quienes gobiernan, no deberían olvidar. Esta reforma sería totalmente abordable en lo fiscal y en su impacto en el empleo si el país estuviera creciendo a tasas en torno a 4%”.

Desde la derecha, si bien los cuestionamientos parecen más válidos, dejan de lado la promesa política, tanto de la izquierda como de la derecha, de mejorar las actuales jubilaciones, y en otros, olvidan la precaria situación fiscal que enfrentamos. Efectivamente, considerando que la PGU ya mejoró las pensiones actuales y es necesario aumentar el ahorro junto con fortalecer el mercado de capitales, desde el punto de vista macroeconómico se podía justificar que todo el aumento de cotización fuera a las cuentas individuales. Sin embargo, los ya jubilados no mejoran su situación ¿Cuál era entonces la propuesta? Financiar esa mejoría con gasto público, a pesar del deterioro fiscal. Con alta probabilidad, eso habría llevado a un aumento del riesgo país, que nos afecta a todos a través de mayores tasas de interés. Por otra parte, en un mercado laboral estancado, los seis puntos a capitalización no evitan los mayores costos laborales y los incentivos a la informalidad.

El acuerdo plantea un mix razonable entre mejoría de pensiones actuales y futuras, con un costo fiscal más acotado que haber mejorado pensiones actuales solo vía gasto público, generando de paso un incentivo a cotizar a través de una garantía que solo reciben los que han cotizado por bastante tiempo, junto con un estímulo a las mujeres a prolongar la edad de jubilación. Este último es el gran tema que el mundo político no se atreve a enfrentar, a pesar de un consenso unánime desde la mirada técnica.

¿Siguen existiendo riesgos por el lado fiscal y por los efectos en empleabilidad? Por supuesto, pero el statu quo no es mejor, sobre todo por una creciente presión sobre el pilar solidario. El corolario sale casi de cajón, y es una lección que, sobre todo los que ahora gobiernan, no deberían volver a olvidar. Esta reforma sería totalmente abordable en lo fiscal y en su impacto en el empleo si el país estuviera creciendo a tasas más elevadas, en torno a 4%.

Lo he dicho muchas veces en la última década y es absolutamente evidente a estas alturas: sin crecimiento económico es imposible entregar beneficios sociales a la población. Quod erat demonstrandum.